La activista venezolana Rocío San Miguel cumple este sábado un mes detenida en El Helicoide por cargos de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración” vinculados al supuesto plan“Brazalete Blanco”que buscaba asesinar a Nicolás Maduro.
San Miguel fue arrestada la madrugada del pasado 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Caracas, cuando se preparaba para tomar un vuelo fuera del país con su hija. Junto con ella, también quedó privado de su libertad su ex esposo, el coronel retirado Alejandro José González.
Desde entonces está recluída en una de las cárceles más peligrosas del país, considerada un centro de torturas, a la espera para afrontar un proceso judicial plagado de irregularidades.
Su equipo legal, aquel convocado y autorizado por la familia, denunció que, en las últimas cuatro semanas, intentaron incansablemente tener algún contacto con la activista pero siempre les fue negado. En su lugar, tal como suele hacer el régimen en casos de presos políticos, le asignó un defensor público para que la represente.
Su proceso judicial, clásico de presos políticos, está plagado de irregularidades (EFE)
“Esa defensa pública nunca se ha comunicado con los familiares de Rocío. Nosotros fuimos designados por familiares para asistirla pero eso no ha sido posible y el tribunal se excusa diciendo que no se ha dado su traslado hasta el tribunal”, denunció el letrado Joel García y destacó que “está en (un estado de) indefensión e incomunicación”.
San Miguel sólo recibió en una oportunidad una visita del exterior; fue la de su hija, Miranda Díaz, el 18 de febrero. Gracias a este contacto, el resto de su círculo pudo saber que “no había sido torturada” pero “desde ese entonces, nadie más ha podido conversar con ella, ni ha tenido acceso a familiares, amigos, abogados, nada”.
Su situación es “totalmente desconocida porque no hay comunicación con ella. No se sabe de su estado anímico, de salud, si está comiendo… no se sabe nada, ni siquiera cómo o con quién está recluida”, insistió García en un intento por conseguir acceso a ella.
Todo esto no sólo vulnera su condición sino que también afecta su derecho a la legítima defensa ya que la Fiscalía tiene 15 días más para concluir sus investigaciones en el caso y ella “sigue sin contar con los medios y el tiempo necesarios para defenderse”.
Otra de las irregularidades que rodean el caso son las pruebas aportadas por las autoridades en su contra.
Días después de su detención, su vivienda fue allanada y, gracias a ello, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró contar con evidencias clave en su contra. Inclusive, comentó que el nombre “Rocío San Miguel” figuraba en una orden de operación confiscada a un militar detenido en relación con el mismo plan de magnicidio, lo que confirma sus “enlaces” con la operación.
Debía divulgar a la prensa los avances, generar “afinidad comunicacional con la población militar” y “coordinar” la defensa de los oficiales involucrados por medio de su ONG, Control Ciudadano, sumó el funcionario chavista.
El caso de San Miguel despertó tal alarma en la comunidad internacional, acostumbrada a las prácticas de percepción y censura de Maduro, que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo una conversación con su par venezolano, Yván Gil, sobre la activista con doble nacionalidad, a fin de conseguir avanzar sobre su liberación.
También, la ONU advirtió sobre este “patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela” que “ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas” durante años y que da cuenta del autoritarismo del régimen de Caracas.
(Con información de AFP)
Fuente: Infobae.com