El Gobierno accede a revelar información sobre la intervención del teléfono del presidente catalán a través de Pegasus
El Gobierno de España ha tomado la decisión este martes de desclasificar los documentos secretos vinculados a la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, mediante el software espía Pegasus. La medida fue informada por fuentes gubernamentales a EFE tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) será el encargado de hacer pública esta información reservada. La iniciativa responde a la solicitud del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, que en noviembre pasado, a través de un suplicatorio, requirió la desclasificación de estos datos para continuar con la investigación sobre el uso de Pegasus por parte del CNI en el caso de Aragonès.
La polémica sobre el espionaje al presidente catalán, Pere Aragonès, se centró en el período comprendido entre julio de 2018 y marzo de 2020, cuando Aragonès ocupaba el cargo de vicepresidente de la Generalitat y participaba en negociaciones políticas de alto nivel, como la investidura de Pedro Sánchez y la mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán.
El propio Aragonès acusó al CNI de estar detrás del espionaje a su dispositivo móvil con Pegasus, subrayando que los ataques coincidieron con eventos políticos clave. Este espionaje fue motivo de su querella contra el grupo israelí NSO, comercializador de Pegasus, y la exdirectora del CNI, Paz Esteban, quien fue destituida por el Ejecutivo tras el escándalo del espionaje a líderes independentistas, al presidente del Gobierno y a varios ministros.
Aragonès detalló ante el juez los ataques específicos a su teléfono, ocurridos en enero de 2020 durante la investidura de Sánchez, pero un informe posterior amplió el rango de tiempo en que el dispositivo pudo haber sido infectado. La exdirectora del CNI, Paz Esteban, ya había apuntado en su comparecencia en el Congreso a la existencia de autorizaciones judiciales para este tipo de espionaje, aunque el Tribunal Supremo negó la solicitud del juzgado de facilitar estos autos debido a su naturaleza reservada o secreta.
Con la desclasificación de estos documentos por parte del Gobierno, se abre una nueva fase en la investigación de este caso de espionaje, que ha generado tensiones entre el Gobierno central y el catalán. La decisión del Gobierno de desclasificar esta información es un paso hacia la transparencia y podría arrojar luz sobre las circunstancias y la legalidad de las operaciones de espionaje realizadas.